Las criptomonedas han cobrado un gran auge. El Bitcoin está en alza y hasta el gobierno venezolano de Nicolás Maduro apuesta por crear una criptomoneda propia. Este crecimiento de la economía de criptomonedas preocupa a los recaudadores de impuestos, sobre todo de los países donde sus ciudadanos tienen que pagar más impuestos. Muchos creen que el anonimato que rodea a las transacciones con criptomonedas podría influir en que estas autoridades pierdan el rastro del dinero de sus contribuyentes; pero ¿será esto realmente así?
En la actualidad los recaudadores de impuestos han logrado acceso a los registros de los principales bancos del mundo. El secreto bancario parece haber quedado atrás, ya que, ante la presión de los gobiernos y las amenazas de sanciones, las instituciones financieras han optado por abrir sus libros no solo al IRS de Estados Unidos, sino también a los recaudadores de impuestos de los países occidentales.
¿Las criptomonedas garantizan más privacidad que los Bancos?
Las criptomonedas son la solución para garantizar la privacidad en las transacciones y evitar la existencia de un control total sobre los activos de cada ciudadano. Es cierto que rastrear las transacciones de las criptomonedas, por la manera en que se realizan, resulta muy difícil; pero, al mismo tiempo, las autoridades fiscales saben que allí se está moviendo muchísimo dinero y, por tanto, han redoblado sus esfuerzos para evitar que se les escape de su control la economía de criptomonedas.
¿Qué hacen entonces las autoridades? Si antes exigían a los bancos que entregaran los registros de sus clientes, ahora presionan a los principales sitios que comercializan las criptomonedas para que compartan los datos y transacciones de sus clientes. Lo que ha sucedido con Coinbase es una muestra de cuánto interés presta el IRS a las criptomonedas.
En la guerra que libraron y, al parecer, ganaron contra los bancos tradicionales, las autoridades impositivas, como el IRS, exigieron a los proveedores de correo, tipo Federal Express, que entregaran los registros de envíos entre bancos y ciudadanos estadounidenses. Si lo lleváramos al escenario actual, entonces el IRS podría citar a proveedores de servicios de Internet, billeteras electrónicas u otros mecanismos de comercio electrónico para que muestren sus registros de transacciones.
Además, cuando los recaudadores de impuestos comprendieron que no contaban con recursos suficientes para auditar a todos los que tenían cuentas bancarias offshore, implantaron un programa de “escudo fiscal”, mediante el cual los titulares de cuentas offshore podían presentar impuestos atrasados, pagaban una multa y evitaban la cárcel. Ahora estas autoridades podrían presentar una idea similar con las criptomonedas.
Si tenemos en cuenta los esfuerzos que han realizado estas autoridades por mantener un estricto control sobre el pago de los impuestos de los ciudadanos, es predecible que harán ese mismo esfuerzo o, incluso más, para tratar de gravar las ganancias obtenidas con criptomonedas. Ante este muy posible escenario no parece arriesgado vaticinar un fortísimo enfrentamiento entre los recaudadores de impuestos y la economía de las criptomonedas.
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